MINERÍA: EL SAQUEO SUBTERRÁNEO

Cinco Siglos Igual

Por Gabriel Martin

Publicado digitalmente: 11 de diciembre de 2003
«Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», fue el sincericidio del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, en los albores del menemato, cuando presentaba ante todo el país lo que llamó «el Decálogo Menemista de la Reforma del Estado», puntapié de la entrega. La reforma a la legislación minera provocó un daño casi irreparable: el Estado dejaba de explotar el subsuelo y lo entregaba en concesión. Argentina es considerada en el mundo como la última frontera minera de occidente. El año pasado, la canadiense Barrick Gold reactivó los trabajos en el mayor yacimiento de oro y plata del mundo sin explotar, en Valadero, San Juan, ratificado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el de Economía, Roberto Lavagna. La explotación, a media máquina, será de 530.000 onzas de oro. El Estado cobra sólo un canon, y se limita a la exploración, genera información y le indica al inversor donde ir sin riesgo alguno. El 90% de las minas en operación fueron descubiertas por el Estado, tras décadas de inversión estatal y pérdida de vida de cientos de obreros. El combo se completaba en ese entonces con las leyes de Inversión Minera, 24.196, de mayo de 1993; y la 24.224 de Reordenamiento Minero de la Nación. Se dieron ventajas al capital transnacional como la exoneración del Impuesto a las Ganancias, a los activos y de sellos, liberación de derechos de importación por la introducción de bienes de capital y equipos, regalías a las provincias con un máximo del 3% del valor de boca de mina, aunque tras la mentira de la «creación de empleo», casi ninguna percibe nada. Desde hace cinco años, la Cámara de Diputados está impulsando la modificación del artículo 22 bis de la Ley Nacional de Minería para que a estas se le descuenten los costos de transporte y todo proceso de tratamiento hasta la venta final del producto. Hasta un menemista, el ex diputado Edmundo Soria dijo que «a este paso estaremos peleando para no tener que compensar a las empresas». La idea sigue en algún cajón del Congreso. Las mineras tenían total libre disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones, privilegio otorgado por Menem, hasta que Eduardo Duhalde declaró la Ley de Emergencia, por las que debían liquidar los dólares en el país. Pero el decreto 417/03 del 7 de mayo (Día de la Minería) rubricado por Duhalde y Lavagna con el visto bueno de Kirchner, volvió todo a la rapaz normalidad y se hizo retroactivo hasta diciembre de 2001, reafirmando la «estabilidad impositiva», resguardo ante cualquier aumento tributario. El Cronista Comercial, tituló el 8 de mayo: «El gobierno le alegró el día a las mineras». El principal lobbysta de esta medida fue la minera santacruceña de Cerro de Vanguardia, en manos de la sudafricana Anglo Gold, una de las más grandes del mundo. El negocio para estas corporaciones es aún más redondo: suben su cotización en la Bolsa de Vancouver (Canadá), al tiempo que desgravan Impuesto a las Ganancias en su país de origen. Estas empresas no se desvelan por la explotación, sino por conseguir las reservas, poniéndoles una bandera extranjera, siendo un prólogo del ALCA en práctica, pese a que aún no se haya firmado esa rendición incondicional.
La revolución menemista
«Desde el socavón de la mina de Sierra Grande empezará la revolución productiva», dijo el traidor al peronismo, Carlos Menem, durante la campaña de 1989. La única revolución que trajo fue la neoliberal, bajo la Ley 23.696 de Reforma del Estado, apenas un año después de asumir la presidencia. El complejo minero de Sierra Grande, a 320 kilómetros de Viedma, es la reserva de hierro más grande de Latinoamérica y en 1993 recibió el tiro de gracia: se dispuso la cesación de la explotación. Dos años antes había recibido la primera advertencia: el decreto 160/91 dispuso que 1.300 mineros de Sierra Grande quedaran sin trabajo. En 1969 la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco de Río Negro y el Banco Nacional de Desarrollo crearon Hipasam, para extraer el hierro que alimentaría los hornos de Somisa. El pueblo de Sierra Grande llegó a tener casi 20.000 habitantes que vivían alrededor de la mina y la economía que generaban los 5.000 obreros. El complejo minero, con 96 kilómetros de túneles, ha sido explotado apenas en un 20 por ciento, y queda por extraer además todas las reservas de fósforo que rodean al mineral principal. Hipasam fue cerrada en 1992, pese a las puebladas y protestas populares silenciadas por los medios. En 1997 la empresa alemana Lurgie Metallurgie, se presentó ante el gobierno provincial para explotar el complejo de Sierra Grande, produciendo hierro esponja mediante la última tecnología, pero quedó en la nada, al igual que la intención de una corporación japonesa que desde el 1998 puso los ojos para reactivar la mina. Esto no correspondería a ningún interés patriótico: también habría reservas de cobalto, mineral esencial para la fabricación de armamento nuclear, desarrollo que tanto Alemania como Japón tienen prohibido desde que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. No es un dato menor que las minas de uranio de La Rioja, Mendoza y de la Patagonia, se encuentren en la mira de empresas extranjeras. Más allá de la importancia militar que implica estratégicamente, la mina Sierra Pintada (San Rafael, Mendoza), es la que abastecía a todas las centrales de energía nuclear de la Argentina. Las reservas en Argentina de uranio concentrado son de al menos 9.000 toneladas. Hoy quedan menos de 20 obreros que se dedican al mantenimiento, y la mayoría sobrevive apelando al recurso del turismo minero. De los días de la dictadura de Jorge Rafael Videla, permanece hoy en la entrada a la mina un letrero destinado a los obreros: «El silencio es trabajo».
Chubut: victoria popular
Esquel fue un caso notorio de enfrentamiento social ante el asalto perpetrado. La canadiense Meridian Gold iba a realizar la explotación aurífera de la mina El Desquite, a 10 kilómetros de la ciudad, que es a tajo a cielo abierto (oro a superficie) y una parte de forma subterránea. El usufructo implicaba dinamitar 30.000 toneladas de rocas diarias y requiere, por día, la aplicación 7 toneladas de cianuro, siendo un enorme peligro si no se controla debidamente el reciclado en los diques de cola. De no ser así, el peligro de drenajes ácidos implica un riesgo de contaminación absoluta de las aguas durante siglos, luego del abandono de la mina. El Estado provincial y la municipalidad afirmaban que los puestos de trabajo palearían la angustiante realidad social. De todos modos, las movilizaciones impidieron, momentáneamente, que el proyecto siga adelante, y se realizó un referéndum por el cual el pueblo de Esquel logró impedir la explotación de Meridian Gold. ¿Qué hubiese implicado llevar adelante esta explotación? La ciudad de Esquel recibe suministros de agua potable desde la laguna Wuillimanco. La mina El Desquite, para funcionar, requiere de gran parte de los recursos hídricos de la zona en detrimento de la población y zonas de riego. El geólogo Fernando Máximo Díaz, especialista en hidrología, afirma que «durante el período de actividad minera, primero se agotará o disminuirá notablemente el caudal del afluente más importante de la laguna, luego, cuando la mina esté cerrada, el agua volverá a la laguna arrastrando contaminantes de drenajes ácidos e hidrocarburos». La constante movilización social que mostró el pueblo de Esquel logró parar un desastre que pudo ser irremediable. Sin la firme organización que volcó a miles de personas a la calle, esta nefasta operación hubiese sido realizada bajo el cómplice silencio de los burócratas de turno.
Lucha por el carbón
En Río Turbio, provincia de Santa Cruz y cerca de la frontera con Chile, se encuentra la única cuenca carbonífera del país, inicialmente explotada por Yacimientos Carboníferos Fiscales, creada en los ’40, con el fin de reemplazar las importaciones de carbón que llegaban de Inglaterra. En 1994, la mina de Río Turbio fue entregada en concesión a Sergio Taselli, y ese año, el entonces gobernador Néstor Kirchner fue increpado por los obreros ante el vaciamiento de la empresa. La concesión fue revocada y la empresa volvió a control del Estado provincial. Pero la planta quedó parada. Su infraestructura fue arrasada casi en su totalidad y su producción fue llevada hasta la paralización, dejando en la agonía a los 600 obreros que trabajaban allí en tres turnos diarios. Pero el negocio no pasaba por elevar la ganancia productiva, sino por las exenciones impositivas, y especialmente por el suculento subsidio de 20 millones de dólares anuales que recibía la empresa, cuando su máximo potencial de producción es de 1.5 millones de dólares por año. Sin ser escuchados, los mineros de Río Turbio, denunciaron en 1996 los abusos a los que fueron sometidos. Se vieron obligados a trabajar los 365 días del año, no a punta de pistola sino bajo la amenaza del modelo neoliberal: el desempleo. Desde hace 15 meses, el Estado nacional puso en marcha la mina, gracias principalmente a la resistencia de los obreros que no abandonaron el lugar. Río Turbio permanece como un ejemplo que divide las aguas entre la resistencia obrera y la burocracia sindical. El 24 de agosto de 2003, partió a pulmón de los trabajadores, el primer tren con destino a Punta Loyola para ser exportada finalmente a Holanda, siendo la primer exportación en seis décadas. Y toda la producción del 2004 ya está vendida.
Irak al sur
Catamarca es una de las provincias más pobres del país, pero allí está la tercer mina de oro más grande de América: Bajo de la Alumbrera. Este es el ejemplo más recalcitrante de saqueo enmascarado. La compañía Minera Alumbrera Ltd., hasta hace poco pertenecía en un 50% a la australiana MIM Holdings Ltd, y la otra mitad a dos empresas británicas (North Limited y Algorn Ltd). Hoy Xtrata, de capital suizo-británico, compró el paquete mayoritario y un 12% está en manos canadienses, mientras la argentina Aconcagüa es socia minoritaria. En la sociedad figura la estatal YMAD, administrando las 34.400 hectáreas de la reserva nacional Farallón Negro. En 1992, la canadiense Musto Ltd ganó por la licitación del yacimiento pagando apenas 5 millones de dólares, tomando control sobre la 5ª mina de oro y cobre del mundo. La mitad del oro de Bajo de la Alumbrera se encuentra totalmente puro. En el 2002, Minera Alumbrera declaró haber extraído 202.420 onzas de oro concentrado, 405.116 onzas de plata, y 50.976 toneladas de cobre. La producción anual aumentará a 200.000 toneladas de cobre y 700.000 onzas trío de oro, finalizando la explotación en 13 años. La empresa calcula extraer por lo menos 3.3 toneladas de cobre y 12 millones de onzas, como piso. La compañía dice emplear a unos 740 obreros, pero en realidad estarían trabajando poco más de 200 operarios, con condiciones laborales que los obligan a trabajar 12 horas diarias, 14 días de corrido y por $450. Para el emprendimiento, inclusive se expropiaron tierras y el ombudsman tucumano demandó a la empresa por la usurpación de reservas paleontológicas de Tafí del Valle, por las que pasa el tendido eléctrico del mineraloducto de 320 kilómetros, que llega hasta esa provincia donde la producción es cargada en los 150 vagones de la empresa, y que van hasta el privado Puerto Alumbrera, en San Lorenzo, Rosario. De allí parte al extranjero el oro en bruto, y luego Argentina importa oro elaborado. El ex secretario de Minería, el menemista Daniel Meilán, era el portavoz del «boom minero» y cantaba loas al tendido eléctrico de Minera Alumbrera, «porque beneficiaría a los productores de ají». Minera Alumbrera LTD es la octava exportadora del país, en un ranking donde las diez principales, lideradas por Repsol-YPF, no figura ninguna industria manufacturera. El control es cero. Catamarca percibe un 2% de lo que declara la empresa que extrae de boca mina. Irrisorio si se compara con Perú, donde las mineras deben tributar el 12% de la extracción. Si un funcionario quiere penetrar esa fortaleza custodiada cuasi militarmente, debe avisar (o pedir permiso) con 48 horas de anticipación. La falta de control hace que la AFIP-Aduana se base en las planillas presentadas por Minera Alumbrera, por lo que el Estado paga devoluciones o exenciones por algo que no controla. Teniendo en cuenta el primer pago de regalías, de noviembre de 1998, por 1.6 millones de dólares, en los próximos 20 años abonará alrededor de 135 millones de dólares, apenas el 0.00013% de las ganancias previstas para el 2017, que tienen un piso de 15.000 millones de dólares netos. En Tucumán, el agua contaminada del mineraloducto es arrojada al río sin el adecuado proceso previo. El ingeniero en Minas, Héctor Nieva, realizó un estudio que demostró que el dique de cola de Bajo de la Alumbrera presenta filtraciones de aguas ácidas que contaminan a los ríos Vis Vis y Amanao. El agua de la localidad de Los Baños, a 4 kilómetros de los dique de cola, registró la duplicación de la presencia de sulfato entre 1999 y 2000. La provincia de Santiago del Estero denunció a la empresa por la contaminación de Río Hondo. El 30 de mayo de 2002, el Defensor del Pueblo santiagueño, Oscar Beltrán, en referencia a las previas actuaciones 089/97 y 0100/97, inspeccionó el río Salí-Dulce, constató la contaminación y pidió que se analice la planta de secado de Minera Alumbrera en Tucumán; y presentó un amparo judicial el 31 de mayo de 2002 contra la Tucumán y la Nación, «por el volcado de residuos industriales y efluentes cloacales de Tucumán, que afectan a los ríos que llevan sus aguas al Dique Frontal de Termas de Río Hondo», que aguas abajo afectan a Santa Fe y Córdoba. La primer causa es de 1995, cuando el señor feudal de Santiago del Estero, Carlos Juárez, se quejó ante el ex Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Mairano, en denuncia penal asentada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Miguel de Tucumán, Expediente Nº 708/97, y el expediente abierto por la fiscalía santiagueña Nº 3498/97, por la contaminación de Río Hondo, para que se cite a Minera Alumbrera. Gendarmería estudió en marzo de 2003 la cuenca del Salí, encontrando un nivel de cobre por litro de agua 100 veces superior al tolerable. Hoy hay poblaciones en la zona de Belén y Santa María sin acceso al agua potable, ya que el mineraloducto traspasó tres napas de agua. Bajo de la Alumbrera es una suerte de paralelo a Irak, pero sin balas ni bombas. Una provincia desértica, casi sin otro recurso que el oro, y cuando se acabe, nada quedará.
¿Yo señor?
El 26 de julio de 1993 se promulgó la Ley 24.228 de Acuerdo Federal Minero, suscripto el 6 de mayo de ese año por Carlos Menem, y los gobernadores. Sus puntos números 4 y 5 exhorta a que el Estado nacional y sus pares provinciales hagan lo posible para atraer al capital extranjero a «invertir? en la explotación minera, y «profundizar el modelo de descentralización de las funciones básicas del Estado» en cuanto a minería. ¿Quiénes firmaron semejante barbaridad? Encabezados por Menem; los gobernadores Eduardo Duhalde, Carlos Maestro, Eduardo Angeloz, Mario Moine, Rubén Marín, Ramón Puerta, Jorge Sobisch, Horacio Massaccesi, Adolfo Rodríguez Saá, Néstor Kirchner, Carlos Reutemann, Ramón Ortega; el ministro de Economía Domingo Cavallo, el ministro del Interior Gustavo Béliz y el secretario de Minería, Ángel Maza. Sólo las reservas de oro no explotado ascienden a 40.000 millones de dólares, en un país que, gracias al neoliberalismo, tiene la mayor deuda externa per cápita de Latinoamérica. José Luis Machinea prorrogó, en diciembre de 2000, por otros 10 años la concesión a Repsol-YPF del yacimiento Loma de la Lata, por el cual pagó al país 300 millones de dólares: su potencial ganancia alcanza los 40.000 millones de dólares. Tenemos aquí, entre las reservas auríferas y las de tan sólo un yacimiento petrolero, riquezas por 80.000 millones de dólares, de los cuales podría disponer la Nación para impulsar un modelo inclusivo y de desarrollo.
Que abunden riquezas en nuestro territorio no quiere decir nada. En manos extranjeras están las riquezas, se sigue legislando para ellas y la generación de empleo sigue esperando. Gobernar es mucho más que medidas «progresistas» para la tribuna, sino que el deber es recuperar total o parcialmente (en el menor de los casos) los resortes esenciales de la economía, porque desde la muerte de Mariano Moreno, salvo el interregno 1946-55, Argentina sigue siendo colonia y como desde hace cinco siglos, el oro se va y la pobreza queda.

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