Minera socia de Kirchner en Santa Cruz demanda a la provincia de Mendoza.
Minera socia de Kirchner en Santa Cruz demanda a la provincia de Mendoza.
http://orosucio.madryn.com/articulos/05_11_25.html
Anglo American, el gigante minero socio de Kirchner en Santa Cruz, demanda a la provincia de Mendoza por una ley que amplia la reserva Laguna del Diamante y les impide seguir explorando la zona. Hay un pedido de inconstitucionalidad.
Pero la provincia también tiene derecho a preservar sus recursos y administrarlos en beneficio de toda la población, no solamente en favor de unas pocas empresas. ¿No?
Ya hay un equipo multidiciplinario trabajando en la contestación de la demanda. Mientras tanto, la movilización popular contra los mega proyectos mineros no cede, y se impulsa una Ley-anti cianuro al estílo Río Negro. Reproducimos una nota de Pablo Icardi en Diario Los Andes.
Empresas mineras demandan al Estado por la ampliación de una reserva natural Por Pablo IcardiMendoza, Argentina. Sabado 12 de noviembre 2005Las mineras comenzaron su ofensiva contra el Estado mendocino, luego de que se aprobara una ley que amplia la reserva Laguna del Diamante (San Carlos) y les impide seguir explorando la zona. Tres firmas que tenían cateos y permisos de prospección minera en el área, denunciaron al Gobierno ante la Suprema Corte de Justicia por supuesta inconstitucionalidad de la ley que permitió extender el área protegida. Se trata de empresas con capitales extranjeros, radicadas en la Argentina, que buscaban cobre y oro. Una de esas firmas es “Anglo-American”. Su presentación (caratulada “Anglo contra el Gobierno de Mendoza) se basa en lo que creen es una “vulneración” de los derechos adquiridos en la zona y fue realizada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esa empresa tenía cateos mineros en la zona del perímetro de la reserva Laguna del Diamante (bautizados como Ninu). Con la ampliación quedaron dentro del área protegida. Los permisos que defiende esa minera estuvieron a nombre del ex director de Minería Carlos Monjo (quien trabajó en Anglo American) y la firma está patrocinada por la abogada Patricia Inzirillo. En toda la zona de la reserva hay aproximadamente 62 permisos mineros expedidos. Las presentaciones se realizaron a mediados de octubre, antes de las elecciones, y según representantes de las empresas, antes informaron al Gobernador y a Fiscalía de Estado sobre lo que iban a hacer.En la zona de Laguna del Diamante, están puestos los ojos de estas empresas desde hace tiempo. En 2003 comenzaron los primeros trabajos de exploración del terreno, a pie y en helicóptero. Incluso el Gobierno había autorizado hace un año el tránsito de vehículos por la reserva para realizar trabajos de prospección, y se evaluaba el estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora AWS) para los trabajos de prospección.Presión popularA medida que los trabajos de exploración avanzaban, el rechazo de la población de San Carlos también crecía. Así, este año el tema explotó con puebladas y fuertes reclamos en contra de la actividad minera. El temor a la contaminación del agua fue el motor de esos reclamos. Ante la presión, la Legislatura (apoyado por el Ejecutivo) aprobó una ley que amplió la reserva a 170.000 hectáreas, prohibiendo así los trabajos mineros en todo ese terreno.“El Gobierno reaccionó espasmódicamente y amplió enormemente la reserva sin consultar y sin fundamentos serios. Las empresas tenían derechos adquiridos. Los trabajos recién habían comenzado en San Carlos y faltaba mucho, no entendemos por qué se reaccionó así. por eso hay tres que fueron a la Justicia”, dijo Gustavo Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Minería de Mendoza.Las controversias por el tema terminaron con la renuncia del director de Minería. El Gobierno habría sido notificado oficialmente el lunes de los reclamos de las empresas (Los Andes intentó comunicarse con los responsables del área, pero no hubo respuesta). Según fuentes del sector, hay una fuerte disputa interna en Economía, en especial en la Dirección de Minería, para saber qué postura tomar con respecto al tema.Ahora los trabajos mineros están detenidos en San Carlos. El intento para que sea declarada inconstitucional la ley de ampliación de la reserva sería sólo el primer paso. Es que desde las mineras apuntan a demandar al Estado también para reclamar un resarcimiento económico.Otro tema que aún no está resuelto es la reglamentación de la ley de ambiente, que será parte del marco legal de la actividad.
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Anglo American, el gigante minero socio de Kirchner en Santa Cruz, demanda a la provincia de Mendoza por una ley que amplia la reserva Laguna del Diamante y les impide seguir explorando la zona. Hay un pedido de inconstitucionalidad.
Pero la provincia también tiene derecho a preservar sus recursos y administrarlos en beneficio de toda la población, no solamente en favor de unas pocas empresas. ¿No?
Ya hay un equipo multidiciplinario trabajando en la contestación de la demanda. Mientras tanto, la movilización popular contra los mega proyectos mineros no cede, y se impulsa una Ley-anti cianuro al estílo Río Negro. Reproducimos una nota de Pablo Icardi en Diario Los Andes.
Empresas mineras demandan al Estado por la ampliación de una reserva natural Por Pablo IcardiMendoza, Argentina. Sabado 12 de noviembre 2005Las mineras comenzaron su ofensiva contra el Estado mendocino, luego de que se aprobara una ley que amplia la reserva Laguna del Diamante (San Carlos) y les impide seguir explorando la zona. Tres firmas que tenían cateos y permisos de prospección minera en el área, denunciaron al Gobierno ante la Suprema Corte de Justicia por supuesta inconstitucionalidad de la ley que permitió extender el área protegida. Se trata de empresas con capitales extranjeros, radicadas en la Argentina, que buscaban cobre y oro. Una de esas firmas es “Anglo-American”. Su presentación (caratulada “Anglo contra el Gobierno de Mendoza) se basa en lo que creen es una “vulneración” de los derechos adquiridos en la zona y fue realizada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esa empresa tenía cateos mineros en la zona del perímetro de la reserva Laguna del Diamante (bautizados como Ninu). Con la ampliación quedaron dentro del área protegida. Los permisos que defiende esa minera estuvieron a nombre del ex director de Minería Carlos Monjo (quien trabajó en Anglo American) y la firma está patrocinada por la abogada Patricia Inzirillo. En toda la zona de la reserva hay aproximadamente 62 permisos mineros expedidos. Las presentaciones se realizaron a mediados de octubre, antes de las elecciones, y según representantes de las empresas, antes informaron al Gobernador y a Fiscalía de Estado sobre lo que iban a hacer.En la zona de Laguna del Diamante, están puestos los ojos de estas empresas desde hace tiempo. En 2003 comenzaron los primeros trabajos de exploración del terreno, a pie y en helicóptero. Incluso el Gobierno había autorizado hace un año el tránsito de vehículos por la reserva para realizar trabajos de prospección, y se evaluaba el estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora AWS) para los trabajos de prospección.Presión popularA medida que los trabajos de exploración avanzaban, el rechazo de la población de San Carlos también crecía. Así, este año el tema explotó con puebladas y fuertes reclamos en contra de la actividad minera. El temor a la contaminación del agua fue el motor de esos reclamos. Ante la presión, la Legislatura (apoyado por el Ejecutivo) aprobó una ley que amplió la reserva a 170.000 hectáreas, prohibiendo así los trabajos mineros en todo ese terreno.“El Gobierno reaccionó espasmódicamente y amplió enormemente la reserva sin consultar y sin fundamentos serios. Las empresas tenían derechos adquiridos. Los trabajos recién habían comenzado en San Carlos y faltaba mucho, no entendemos por qué se reaccionó así. por eso hay tres que fueron a la Justicia”, dijo Gustavo Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Minería de Mendoza.Las controversias por el tema terminaron con la renuncia del director de Minería. El Gobierno habría sido notificado oficialmente el lunes de los reclamos de las empresas (Los Andes intentó comunicarse con los responsables del área, pero no hubo respuesta). Según fuentes del sector, hay una fuerte disputa interna en Economía, en especial en la Dirección de Minería, para saber qué postura tomar con respecto al tema.Ahora los trabajos mineros están detenidos en San Carlos. El intento para que sea declarada inconstitucional la ley de ampliación de la reserva sería sólo el primer paso. Es que desde las mineras apuntan a demandar al Estado también para reclamar un resarcimiento económico.Otro tema que aún no está resuelto es la reglamentación de la ley de ambiente, que será parte del marco legal de la actividad.
posted by ajibrujo @ 5:05 PM
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