COSTA RICA, UN PAÍS CON LA SOGA AL CUELLO

Autor: ASTRID BARNET

Pacheco presentó recientemente al congreso de su país, para su aprobación, el acuerdo comercial suscrito con Estados Unidos.
Tras postergarlo durante casi catorce meses por la diferencia de criterios y opiniones existente el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, presentó recientemente al congreso de ese país centroamericano el acuerdo comercial con Estados Unidos (CAFTA-DR, en inglés) para su ratificación y ulterior implementación el próximo primero de enero.
Según medios de prensa, el Mandatario dijo que la decisión fue "profundamente meditada, consultada y adoptada en el momento oportuno por lo que el país ha tenido la oportunidad de formarse una opinión sobre la conveniencia del acuerdo".
Por su parte Marco Vinicio Ruiz, quien es negociador del sector privado costarricense, y uno de los nombres que circulan en ese país para el cargo de ministro de Comercio Exterior si Óscar Arias gana las elecciones presidenciales de febrero, afirmó que su país "perdió tiempo importante" al no acelerar la aprobación del acuerdo y, al mismo tiempo, no descartó "posibles protestas populares".
Para muchos, principalmente representantes de amplios sectores populares y de la pequeña burguesía, el CAFTA- DR o Tratado de Libre Comercio (TLC), sin haber sido aún ratificado, constituye una grave amenaza teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene toda la potestad de cambiar cualquier acápite, párrafo o capítulo del documento en la fecha y momento que deseen e impongan.
En estos momentos, por ejemplo, dos grupos de inversionistas han presentado demandas a la nación tica por más de 480 millones de dólares. Una de ellas proviene del ciudadano canadiense Charles Bergeron, por el cierre de la casa de cambio Ofinter s.a., de los hermanos Villalobos, ocurrida en el 2002. Otra de la entidad canadiense Vanesa Ventures Ltd., que insiste en desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto en las localidades de Las Crucitas y San Carlos, cuya concesión fue anulada por la Sala Constitucional.
La primera demanda argumenta "violaciones al acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el de Canadá para la promoción y protección recíproca de Inversiones", que rige el capítulo sobre inversiones del TLC con Canadá. Esta demanda contra el país supera la cifra de los 203 millones de dólares, más los intereses, a partir del día de la notificación de la demanda, además de los costos de arbitraje.
La demanda por el cierre de Ofinter s.a. es ilustrativa de cómo en el marco de los acuerdos "inversionista-Estado" de los TLC, la institucionalidad del país incluida la Asamblea Legislativa —supuesta depositaria de la soberanía popular—, puede ser cuestionada desde el momento en que se acuerda someter las relaciones empresariales a un orden jurídico supranacional, en este caso a través del TLC con Canadá.
Pero el problema no queda aquí, pues entre las personas afectadas con ese cierre se encuentran ciudadanos de otros países —no amparados directamente por el Tratado—, por lo que el bufete demandante (Cains Lamarare Casgrain Wells) justifica la inclusión de inversionistas norteamericanos basándose en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Estados Unidos ¡del año 1851!
Vanesa Ventures Ltd. exige 276 millones de dólares "más los intereses compuestos, lo que incluye gastos adicionales por aproximadamente 36 millones de dólares y ganancias perdidas por no menos de 240 millones, además del pago de una suma de compensación equivalente a cualquier impuesto que resulte como consecuencia del pago con el objetivo de mantener su integridad".
La demanda es sustentada en el mismo acuerdo "inversionista-Estado" que regula el TLC con Canadá. Al respecto, la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON) condenó una información tendenciosa de Vanesa en el sentido de que tiene la viabilidad ambiental de realizar su proyecto de minería relacionado con el metal oro en San Carlos.
Los pueblos de Las Crucitas y San Carlos se oponen a esta medida y ha apelado hasta la fecha a su derecho constitucional "a vivir en un ambiente ecológicamente sano".
Analistas internacionales coinciden en que ambos casos demuestran cómo será la situación si el TLC con Estados Unidos se aprueba. Como expresara el diputado costarricense Gerardo Vargas, "el país comete el grave error de someterse a priori a un arbitraje internacional, lo cual lo pone en una situación vulnerable frente a los abogados tiburones que andan en busca de posibles demandas millonarias".
Pese a todo es incuestionable que la nación tica formará parte del TLC muy pronto, y se estima lo ponga en práctica a mediados del 2006.
Otra nación con la soga al cuello como consecuencia de la política hegemonista y neoliberal de Washington contra el continente.
---------------------------------------------Fuente: EXCLUSIVO, 09/11/05